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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

27 de marzo de 2019

La memoria ocupa lugar

A 15 años de la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos en la ESMA, Gonzalo Vásquez, que integró a partir de 2004 el equipo del Archivo Nacional de la Memoria, narra las distintas etapas del desalojo de la Armada del predio: desde la Comisión Bipartita y la firma del “Acta de entrega parcial” hasta la creación y desarrollo de una Red Federal que permitió recuperar y señalizar espacios que funcionaron como Centros Clandestinos a lo largo de todo el país. “Eran tiempos donde todo nos sorprendía y lo imposible (o lo soñado) parecía estar al alcance de la mano o por inventarse”, afirma Vásquez sobre ese período.

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"Siluetazo" en el frente de la ESMA

El 28 de diciembre de 2004, a sólo 8 meses del anuncio de Néstor Kirchner de la desafectación del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA de su uso militar para transformarlo en un sitio de memoria, se concretaba la primera etapa de desalojo de la Armada del predio.

Ese día de verano, que podía parecer uno más antes de fin de año, comenzaba a materializarse aquella decisión histórica que significó un antes y un después en la relación del Estado con el pasado reciente, con la reparación a las víctimas de su propio accionar y con la refundación de la Memoria, la Verdad y la Justicia como políticas públicas.

En lo personal, además, coincidía con mi primer día de trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos. Conmovido y sin poder salir de mi asombro, en esa primera jornada me tocaba acompañar al futuro Espacio para la Memoria a Judith Said, incansable militante y compañera que ya por entonces estaba al frente del Archivo Nacional de la Memoria, creado por Néstor Kirchner en diciembre de 2003. Said fue la principal responsable a nivel nacional de la Comisión Bipartita creada el 24 de marzo de 2004, con el Acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires que le diera institucionalidad a la recuperación de la ESMA.

En uno de los salones vacíos del Pabellón Central, más conocido como el edificio “Cuatro Columnas”, alrededor de una pequeña mesa que la Marina no había saqueado en su retirada rencorosa (que se ensañó con las instalaciones y depredó hasta los picaportes de las puertas), coincidieron por unos pocos minutos el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y su par de la ciudad, Gabriela Alegre, el escribano de la CABA y el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, años después dado de baja y condenado por realizar espionaje ilegal en democracia.

El frío y breve encuentro sin público ni flashes tenía un objeto casi formal, aunque de enorme peso político. Se firmaba el “Acta de entrega parcial” del predio de la ESMA, que venía a refrendar lo que estaba sucediendo en los hechos: los marinos dejaban el sector de mayor valor simbólico y probatorio de aquel bastión de la represión ilegal y se lo entregaban a las áreas de Derechos Humanos de la Nación y la Ciudad. Casi todos los edificios que daban a la Avenida del Libertador quedaban vaciados de presencia militar. Eso incluía no sólo el emblemático pabellón donde nos encontrábamos sino, fundamentalmente, el Casino de Oficiales, que fuera epicentro del centro de exterminio. Esta primera cesión incluía además la entrada principal del predio y toda la calle de acceso por donde ingresaban en dictadura los vehículos operativos con las y los militantes secuestrados hacia su lugar de cautiverio, tal como pudo reconstruirse a partir del inestimable testimonio de las y los sobrevivientes.

Aún tratándose de edificios y espacios vacíos, la reconfiguración que se estaba produciendo ya era notable. La ESMA, símbolo del horror, lugar visible y disciplinador del terrorismo de Estado, se cargaba de nuevos sentidos y empezaba a transformarse en otro emblema: el de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que venían a reparar algo del inconmensurable daño ocasionado y a desandar años de silencio e impunidad. Una tríada tan poderosa que hasta ese entonces (con la sola excepción de la Conadep y el Juicio a las Juntas, cuyas consecuencias fueron prontamente avasalladas por el propio Estado, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de los ochenta y los indultos de los noventa) sólo conocíamos a través de la lucha de los Madres, las Abuelas y los organismos de derechos humanos, de la que siempre nos sentimos parte. Pero que -hacia 2003- no existía como una expresión articulada e integral de políticas de Estado. O sí, pero como políticas de la desmemoria y la injusticia.

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Firma del acta entrega parcial entre el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; la Subsecretaria de Derechos Humanos de C.A.B.A; Gabriela Alegre; el Jefe de la Armada Argentina, Almirante Jorge Godoy y el escribano de C.A.B.A / 28 de diciembre de 2004.

Lo que no puedo olvidarme de aquella jornada era la sensación de estar presenciando un momento histórico. Y en esa perplejidad inesperada, empezar a sentirse parte de un proyecto transformador, que nos representaba y convocaba como nunca antes desde el Estado, para llevar adelante políticas imprescindibles y largamente postergadas. Eran tiempos donde todo nos sorprendía y lo imposible (o lo soñado) parecía estar al alcance de la mano o por inventarse. Así también lo vivíamos con muchos compañeros y compañeras que, entre 2006 y 2015, acompañamos a Judith en la creación y desarrollo de la Red Federal y, luego, de la Dirección Nacional de Sitios, ineludiblemente atravesados por esta primera experiencia de gestión en la ex ESMA: la recuperación como espacios de memoria del ex CCD “Olimpo” en la ciudad de Buenos Aires, de “La Perla” en Córdoba, del Viejo Aeropuerto de Trelew, de la “Escuelita de Famaillá” en Tucumán, de la ESIM / El Faro en Mar del Plata, entro otros sitios; las señalizaciones de las empresas Ledesma y Ford por su participación en el terrorismo de Estado; las marcaciones de decenas de ex centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país.

Ya producida la primera desocupación del predio de la ESMA y mientras avanzábamos en las gestiones para concretar las siguientes (que se hicieron efectivas en 2005 y 2007, cuando finalmente se mudaron todas las escuelas e instituciones militares y se inició la gestión del Ente Público integrado por Nación, Ciudad y un directorio de organismos de derechos humanos que, desde entonces, se encuentra a cargo del conjunto del espacio), comenzamos a organizar las reuniones en las que el Estado convocaba por primera vez a los organismos de derechos humanos y a las y los sobrevivientes del centro clandestino de detención, para la elaboración del proyecto del futuro espacio.

Esas reuniones de la “Comisión Ad Hoc” (así se llamó a los encuentros entre la Bipartita estatal con las organizaciones y sobrevivientes), resultaron otra experiencia inolvidable, cargada de emociones e inquietudes por encontrar los modos de narrar, de poner en palabras el horror sin exhibirlo, de lograr trasmitir el sentido político de la experiencia concentracionaria y estructurar un relato que recuperara las luchas que buscó exterminar. Así se sucedieron encuentros con especialistas en temas de memoria y se tuvieron en cuenta experiencias de otros espacios que ya desarrollaban iniciativas de trasmisión en sitios de represión ilegal, tanto en la Argentina (con experiencias pioneras como los ex CCD “Mansión Seré” y “Club Atlético”) como en otros países.

En ese ámbito se debatieron y, por consenso, se fueron tomando las primeras decisiones: se descartó el concepto de “museo” y se adoptó el más amplio de “espacio para la memoria”; se acordó que no se inauguraría el sitio hasta tanto se concluyera el desalojo de la Armada; se determinó que el relato sobre los crímenes ocurridos en la ESMA se centraría en los testimonios de las y los sobrevivientes, que aportaron a la descripción del funcionamiento del campo y participaron en talleres y reuniones de formación de los futuros trabajadores; se descartó realizar cualquier reconstrucción física del centro clandestino que pudiera exacerbar aspectos vinculados con la mostración del horror, focalizando la estructuración del relato en las luchas que llevaron adelante las y los compañeros detenidos-desaparecidos y en el sentido político de la represión ilegal y el plan sistemático de exterminio ejecutado por el Estado para acallarlas; se elaboró un guión y se diseñó una cartelería explicativa que no interviniera materialmente el sitio (las estructuras iban apoyadas sin afectar paredes ni pisos) ni impidiera dimensionar los ambientes, dejando los edificios utilizados para la represión ilegal (en particular el Casino de Oficiales) tal como habían sido recibidos, previéndose solamente tareas destinadas al mantenimiento edilicio y a la investigación y preservación de evidencias que pudieran aportar a los juicios por delitos de lesa humanidad y a la reconstrucción de la memoria; se incorporó y definió la formación de un equipo de guías para acompañar las visitas; se decidió contratar personal civil destinado al cuidado del predio; entre muchas otras.

Estas decisiones se fueron plasmando en forma casi inmediata, a medida que se iban logrando los acuerdos en el marco de las reuniones periódicas entre el Estado y los organismos y sobrevivientes. Luego se ponían en práctica a través de las secretarías de Derechos Humanos nacional y de la Ciudad, junto con las gestiones para la desocupación del predio por parte de la Armada, que también eran coordinadas por la Comisión Bipartita, en articulación permanente con el Ministerio de Defensa. Así fue que en 2005 se inauguró la señalética en los accesos del predio y el ex Casino de Oficiales y se conformó el primer equipo de guías, mientras se realizaban obras para la preservación y acondicionamiento de los edificios ya recibidos.

Este proceso de gestación de una política que implicó la transformación radical de la relación del Estado con los organismos de derechos humanos y una refundación del rol histórico del propio Estado (de criminal y garante de impunidad a reparador de sus crímenes y promotor de derechos), no pudo sino dejar huella en lo personal y en lo colectivo, tanto en el conjunto de la sociedad como a nivel de los trabajadores que las llevamos adelante en una etapa que nos marcó a fuego.

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Primeros carteles de señalización del predio realizados a partir del trabajo de la Comisión Bipartita junto a los sobrevivientes. Instalados en 2005.

No sin dificultades y asignaturas pendientes, el trabajo en el Estado para la reparación de los crímenes cometidos por el propio Estado (donde la recuperación de la ESMA constituye un hito casi fundacional), se ha ido amalgamando y plasmando en proyectos con mayor o menor grado de institucionalidad que, en muchos casos, consiguieron mantenerse en el tiempo, aún en etapas hostiles y de avasallamiento de derechos, como las que hoy nos toca padecer y resistir.

Es que las políticas de memoria y derechos humanos, banalizadas y fuertemente vaciadas por la actual gestión, están fundamentalmente sostenidas por la lucha de los organismos históricos que las hicieron posibles, por la acción de jueces y fiscales comprometidos, por la fuerza renovada de la movilización popular (como lo demuestra la masividad creciente de las marchas del 24 de marzo o la que derribó el 2 x 1 a los genocidas) y por la emergencia de un actor más reciente, el colectivo de trabajadores nacidos y formados al calor del surgimiento de estas políticas, hoy organizados sindicalmente en el marco de la lucha más amplia de los estatales por la defensa de los puestos de trabajo y del rol del Estado en tanto garante de derechos.

Porque como decía un afiche callejero con la imagen del Guernica de Picasso que anunciaba en Córdoba la recuperación de “La Perla”, allá por marzo de 2007: “la memoria ocupa lugar”. Y ese lugar, esos lugares de la memoria que a 15 años de la desafectación de la ESMA vuelven a estar amenazados, son hace tiempo ocupados por un hondo entramado de resistencias que se nutre de las luchas que nos precedieron y que obstinadamente se planta en el presente, como escribiera Paco Urondo, “hasta que todo sea como lo soñamos”.

* Gonzalo Vásquez es licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue delegado de base de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a finales de los '90 y a partir de 2004 integró el equipo de trabajo del Archivo Nacional de la Memoria a cargo de la primera etapa del proyecto de creación del Espacio para la Memoria en la ESMA y, con posterioridad, la Red Federal de Sitios de Memoria.

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Primeros carteles de señalización del predio realizados a partir del trabajo de la Comisión Bipartita junto a los sobrevivientes. Instalados en 2005.

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Firma del acuerdo del traspaso del predio de la ESMA al Espacio Memoria entre el Presidente Néstor Kirchner y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra, 24 de marzo de 2004.

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Madres de Plaza de Mayo y Familiares aguardan la apertura de las rejas de la entrada principal de la ESMA antes del acto de traspaso del predio naval a los organismos de derechos humanos / 24 de marzo de 2004.
Daniel Vides/Fototeca ARGRA
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Acto del 24 de marzo de 2004
Gonzalo Martínez/Fototeca ARGRA

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Acto del 24 de marzo de 2004

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León Gieco, Joan Manuel Serrat y Víctor Heredia saludan al público en el histórico acto del 24 de marzo de 2004.
Damián Dopacio/Fototeca ARGRA

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Miembros de la agrupación HIJOS entonan consignas dentro de la ESMA al finalizar el acto del 24 de marzo de 2004.
Daniel Vides/Fototeca ARGRA

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Reunión de la Comisión Ad Hoc, conformada por la Bipartita estatal y las organizaciones y sobrevivientes / Mayo de 2007

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