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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

28 de septiembre de 2015

Entrevista a Julián Axat

Los derechos de los pibes

Fiscal, hijo de desaparecidos, poeta y coordinador de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), Julián Axat habla de la violencia institucional como un problema estructural de la democracia devenido de los tiempos de la dictadura. También se refiere a los pibes pobres, víctimas de los abusos institucionales, que no alcanzan a ser incluidos en programas como Progresar ni por la Asignación Universal por Hijo.

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Marcha contra la violencia institucional y el gatillo fácil (22 octubre de 2014)

Foto Paula Ribas/Gentileza Télam

“Un adolescente que vive en una esquina del conurbano que no estudia, no trabaja, consume estupefacientes está esperando en ese lugar a ver qué puede hacer, y la policía ya le avisó que lo va a matar, es un chico que está fuera del espectro legal, es una muerte anunciada. El chico está en un limbo similar al no derecho. Es un estado de excepción, como son los inmigrantes en Europa. O los palestinos en determinada situación en la franja de Gaza. El italiano Giorgio Agamben los llama gente en estado de excepción, gente que está por fuera del derecho y librada a la posibilidad de su asesinato, su desaparición o la masacre. Si el Estado permite que sus fuerzas de seguridad utilicen mecanismos vinculados al terror va a producir fenómenos vinculados a la masacre". 

El que habla es el fiscal Julián Axat, poeta, hijo de Rodolfo Axat y Ana Della Crocce, secuestrados y desaparecidos en 1977, y actual coordinador de un programa comunitario, que funciona con Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajo), que muchas veces son la puerta de entrada de las denuncias de violencia institucional que las víctimas no se atreven a realizar en una comisaría.

“Cuando víctimas de esas situaciones no tienen formas de denunciarlas nosotros las canalizamos en los barrios en oficinas dependientes del Ministerio Público Fiscal que hemos armado y monitoreamos a las fuerzas de Seguridad en el territorio. Lo hacemos con una oficina específica, la Procuraduría de Violencia Institucional, que impulsa y acompaña eos casos de abusos institucionales”.

La violencia institucional es una problemática estructural de la democracia que existe desde el año 1983. Históricamente hay que enmarcarla en los casos que desde 1987 vienen ocurriendo, especialmente vinculados al exceso, llamado “gatillo fácil”, historias que son muchas en la Argentina. Pero también se refiere al trato que reciben las personas dentro del sistema carcelario -cárceles para adultos, institutos de menores, centros de salud mental y comunidades terapéuticas-. Se trata de todo tipo o formas de privaciones de la libertad y lugares que pertenezcan al Estado, o donde el Estado haya tercerizado la custodia de personas.

“Todo tipo de abuso cometido sobre el cuerpo de las personas, apremios, vejaciones, severidades o torturas propiamente dichas es lo que se llama  `sistema de violencia institucional”, resume el fiscal que desde Atajo busca acercar derechos. “Trabajamos antes de que ocurran esas situaciones, promovemos derechos haciendo talleres de formación sobre qué hacer en situaciones de allanamientos, de detenciones, dónde y qué denunciar”.

"La violencia institucional tiene una relación directa con estas instituciones que se pergeñaron durante la dictadura, instituciones que hacen la guerra con determinados sectores de la sociedad. La hipótesis bélica ha quedado marcada a fuego, como tatuaje, en sus imaginarios y sus prácticas".

Claro está que esta violencia es distinta a la ejercida por las dictaduras, porque en esos momentos “el sistema de la violencia institucional es sistemático y la tortura es un mecanismo naturalizado por el Estado como regulador de los cuerpos y, obviamente, con el método de la desaparición de personas. En democracia, el uso de la violencia institucional es una forma ilegal del Estado para ejercer control social. Sin embargo, muchas veces pudieron y pueden ocurrir situaciones similares a las de la dictadura que son situaciones agudas, extremas que consideramos equivalentes a crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo la desaparición de Jorge Julio López”, contextualiza el fiscal, que durante siete años fue defensor de menores en La Plata, desde donde denunció casos de adolescentes en situación de vulneración de sus derechos.

¿Son resabios de aquella época vivida? “El saneamiento del sistema institucional policial, carcelario, de justicia y de inteligencia, en democracia, es una transformación de largo plazo. Son instituciones que tienen tensiones muy fuertes internas, muy difíciles de transformar. La violencia institucional tiene una relación directa con estas instituciones que se pergeñaron durante la dictadura, que hacen la guerra con determinados sectores de la sociedad. La hipótesis bélica ha quedado marcada a fuego, como tatuaje, en sus imaginarios y sus prácticas”, remarca.

Los derechos de los pibes- Revista Haroldo
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Foto Analía Garelli/Gentileza Télam

Jóvenes y pobres

Esos imaginarios quedaron dando vuelta tras la dictadura, ya no contra un enemigo político sino contra un enemigo delictivo: los jóvenes que se visten de determinada manera, que caminan de determinada forma, que son pobres.

En este escenario, Axat coordina las oficinas de Atajo en seis barrios: villa 21-24 de Barracas; 31 de Retiro, 20 de Lugano; 1-11-14 del Bajo Flores; Barrio Mitre en Saavedra y en Constitución. Además, hay una camioneta adaptada que circula por la villa Rodrigo Bueno, cercana a Puerto Madero; por la 15 de Piedrabuena y Eva Perón; el barrio de Once; villa Ciudad Oculta en Mataderos; Saldías, que se suman a una oficina en Rosario, en Las Flores, en Las Heras, Mar del Plata.

“Recibimos denuncias de madres que se acercan cuando detienen a sus hijos, que los visitan y los ven golpeados. Inmediatamente notificamos a la Comisión Provincial por la Memoria o a la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), para que se acerquen al lugar y constaten la situación de las heridas. Acompañamos a la madre y al chico si es liberado, para que se inicie una causa por apremios ilegales y que la Procuvin pueda actuar sobre esa causa y se pueda sumariar al o los policías vinculados al apremio, se lo pueda desafectar e iniciar un proceso penal que termina en un juicio. Por semana tomamos entre dos y tres denuncias por barrio. También tenemos el problema de gente que no se anima a denunciar, estamos tratando de vencer eso”.

Por su trabajo como fiscal en La Plata, Axat conoce al dedillo el trabajo de la Bonaerense. “Como defensor de menores me ha tocado denunciar casos de adolescentes en situación de vulneración de sus derechos que eran aprovechados por las policías para realizar algunos trabajos ilegales, obviamente forzados a hacerlo y muchas veces luego eran detenidos por causas que se les armaban porque se negaban a seguir haciéndolo, o porque los encontraban con las manos en la masa y quedaban presos, o situaciones de jóvenes que eran baleados por la policía cuando los descartaban porque no hacían lo que les pedían”.

Axat hizo la denuncia ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires de una seguidilla de casos de jóvenes “asesinados por la Bonaerense en situaciones extrañas, por supuestos enfrentamientos que no eran reales, sino situaciones dudosas donde la policía decía que se defendía de los jóvenes”.

“Cuando uno investigaba se daba cuenta de la relación entre la policía y los jóvenes y buscaba en los registros policiales y judiciales y veía que ese agente ya lo había detenido varias veces, que se conocían de antemano e incluso el joven se había presentado en mi Defensoría y había denunciado que padecía represalias de la comisaría de su barrio. Nosotros le pedíamos un habeas corpus para que el joven no sea acosado y esa policía estaba avisada por un juez de que no tenía que molestarlo más y terminaba asesinando al chico. En estos casos la policía justificaba que se trataba de legítima defensa en situaciones de enfrentamiento, típico de la dictadura respecto de personas consideradas subversivas que aparecían asesinadas después de haber estado desaparecidas por supuestos enfrentamientos fraguados. La fragua de enfrentamientos es una continuidad en democracia”, asegura el fiscal.

"Eran pobres, sus familias no los contenían, eran adictos, no trabajaban, no estudiaban, no cobraban el Progresar ni la Asignación Universal por Hijo. Estaban boyando en una situación gris donde el Estado no podía abarcarlos con sus políticas de prevención social".

Los casos ocurrieron en La Plata entre 2011 y 2013, todos chicos menores de 18 años. “Pude demostrar que primero eran desatendidos por el sistema de contención de infancia, habían sido atendidos por mí como defensor donde yo advertí que eran víctimas del sistema policial y de la ausencia del Estado en materia de política social; y también le había advertido al Estado que estos jóvenes iban a terminar en situaciones graves. Estos jóvenes finalmente fueron cayendo uno tras otro en enfrentamientos fraguados y están en estudio e investigación. La Corte le pasó el problema a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que a su vez ordenó que se investigue”.

Axat los recuerda: “Eran pobres, sus familias no los contenían, eran adictos, no trabajaban, no estudiaban, no cobraban el Progresar ni la Asignación Universal por Hijo. Estaban boyando en una situación gris donde el Estado no podía abarcarlos con sus políticas de prevención social. Eran lo que yo llamo una juventud boyante, un lumpenaje de deriva, típica víctima del sistema policial abusivo, y típica víctima de las organizaciones del narcotráfico y de la trata de personas. Son clientes para los tres sistemas, que a veces se alimentan entre sí porque están conectados. El reclutamiento de adolescentes es un caso de trata de personas y es un delito federal. A los fiscales federales esto hay que hacérselo entender, es el reclutamiento de adolescentes como trata de personas, son jóvenes que no son libres, no disponen de su voluntad, están a la deriva como un objeto y se los usa como mano de obra esclava bajo amenaza de todo tipo de represalias, hasta la muerte”.

Maximiliano de León tenía 14 años cuando un cabo de la bonaerense lo baleó, cuando presuntamente entró a robar a su casa. Franco Quintana tenía 16 y murió en medio de un tiroteo. A Omar Cigarán, de 17, lo mató a qumarropa un policía de civil. Axel Lucero de 16 murió a manos de un sargento, que supuestamente se defendió del robo de su moto. Sebastián Nicora, de 16, fue hallado muerto a golpes en la cabeza en la costa del Río de La Plata. vladimir Garay, de 16,  murió de un tiro en la espalda.

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Foto Paula Ribas/Gentileza Télam 

 

Axat marca diferencias entre las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia. “Son muy distintas: la Bonaerense es un problema estructural; son 60 mil personas donde hay un autogobierno marcado en función de una distribución de cúpulas, donde el poder central de control civil a veces delega esa capacidad de poder en esas cúpulas y no se entromete. En la ciudad de Buenos Aires ese fenómeno no es tan similar; hay una asimetría, las fuerzas de seguridad federales tienen un control más fuerte de la fuerza civil. El mero hecho de haber creado un Ministerio de Seguridad generó una capacidad de conducir a las cuatro fuerzas más fuerte que la Bonaerense".

"En el conurbano, el intendente, el comisario resuelven un montón de problemas, por eso la descentralización de la policía en los municipios es interesante porque permite blanquear un problema que ya existía: los comisarios en el gran conurbano ya tenían un gran poder. Entonces qué mejor que dárselos a los intendentes para blanquear una situación, así la madeja es otra. Eso permite otro tipo de relación con el territorio. La gran crítica que se le ha hecho a la Bonaerense es su contaminación con el territorio. Las discusiones de las purgas de la policía desde el ’94, cuando asesinaron a José Luis Cabezas, fueron la caja de la policía y cómo recauda en función de su capacidad territorial. El despliegue territorial de 60 mil hombres es un fenómeno que no se reproduce similar en la Ciudad, más allá de que la policía de capital pueda ser corrupta… es otro el problema, como es otro el problema de otras provincias del país. En la provincia de Buenos Aires el problema es el gobierno o desgobierno de la policía que lo hace ser un laboratorio específico”, profundiza. 

Axat reconoce que hubo "dos grandes planes maestros que le hicieron honor a la Convención de los Derechos del Niño en la Argentina: la Asignación Universal por Hijo y el Progresar", sin embargo en el medio "hay un agujero".

"Hay niños que no ingresan ni a uno ni a otro. Al Estado nacional ahora le toca pensar esa tercera política y también democratizar a las fuerzas policiales para que no se aprovechen de esa juventud a la deriva”, piensa el fiscal, que calcula que es un grupo pequeño –de unos 2.000 pibes- para quienes hay “que encontrar una respuesta, que no es ni la exclusión a algún lado ni la Conscripción. Son políticas activas de inclusión”, las que van a permitir que la frase “Ni un pibe menos” deje de ser una deuda de la democracia.

 

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